Guatemala avanza con elecciones judiciales en proceso plagado de críticas

Por Diego Oré y Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 11 mar (Reuters) - El Congreso de Guatemala, de mayoría opositora, eligió a los nuevos miembros del tribunal electoral como parte de un proceso de renovación de altos funcionarios del sistema judicial, que ha sido criticado por organismos como la ONU, que advierten que corre el riesgo de ser cooptado por grupos de poder y afectar la impartición de justicia.

La elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), la noche del martes, se enmarca en una renovación de varias instituciones clave en el país que se inició en enero, incluidas la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial, y la jefatura de la Fiscalía.

El presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, asegura que las elecciones de segundo grado son una oportunidad para desarticular la corrupción en el sistema de justicia. No obstante, su discurso chocó con la realidad la semana pasada tras la elección de algunos perfiles denunciados de estar ligados a la corrupción para liderar la CC, poniendo en riesgo, según especialistas, la restauración de la confianza pública en las instituciones democráticas, debilitada desde la cancelación en 2019 de la CICIG, la comisión contra la impunidad de la ONU, que por más de una década judicializó decenas de casos de alto impacto que incluyeron a altos funcionarios, empresarios y expresidentes.

En una votación nocturna el martes, el Congreso nombró a los cinco magistrados titulares e igual número de suplentes del TSE para el periodo 2026-2032, quienes organizarán los comicios generales del próximo año en los que se votará por el sucesor de Arévalo, quien no puede postularse a la reelección.

Analistas consultados por Reuters coincidieron en que la elección de esos funcionarios no fue tan controvertida como la de los miembros del CC. Sin embargo, en febrero, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, había criticado la nómina de 20 aspirantes para el TSE que elaboró una comisión encabezada por autoridades universitarias al considerar que "abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes".

Barrett, que en ese momento no se refirió a algún candidato en particular, no se ha pronunciado por la elección final en el Congreso.

"Uno de los obstáculos más grandes que enfrenta Guatemala es la cooptación del Poder Judicial e instituciones clave que ha permitido que permee el crimen organizado, redes de corrupción y de narcotráfico que bloquean esta agenda de avance hacia una consolidación democrática", dijo a Reuters Ana María Méndez, directora para Centroamérica en la ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

"Este año convergen cuatro elecciones sumamente importantes que definen, incluso, el panorama electoral para 2027", agregó, asegurando que de la lista de 20 personas para presidir el TSE, "solo dos tienen un perfil idóneo".

Hasta abril, el presidente Arévalo debe elegir al último de los cinco magistrados titulares de la CC, el máximo órgano de justicia. Además, el 20 de marzo asumirán los cinco nuevos miembros del TSE. Y, antes de que finalice mayo, también se elegirá al nuevo fiscal general, cargo para el que se postuló la actual jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por su participación en casos "significativos de corrupción".

Arévalo, quien calificó como una "burla al pueblo de Guatemala" que Porras busque la reelección para un tercer período (2026-2030), es el encargado de escoger al nuevo fiscal de una lista de seis candidatos elaborada por el Congreso. Según investigadores independientes y defensores de derechos humanos, el mandato de Porras deja serios retrocesos en la procuración de justicia en el país.

Un reciente estudio de la ONG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) revela que en el período 2024-2025, el 93.56% de los casos penales en Guatemala no obtuvieron una respuesta eficaz. Asimismo, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) documentó que el MP amenazó con criminalizar a miembros de las Comisiones de Postulación durante el proceso y generó temor entre candidatos, quienes se inhibieron a participar por miedo a ser perseguidos legalmente.

Durante el primer semestre de 2026, también se elegirá al Contralor General de Cuentas y a altos cargos en la Universidad de San Carlos, una institución académica clave para la democracia del país.

"Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las cuales personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave", advirtió Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados.

"Por esa razón, como medida mínima, todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones en los casos de criminalización, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias", agregó.

¿RENOVACIÓN?

La Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el presidente Arévalo, el Congreso y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos eligen cada uno a un representante y un suplente para la CC. La actual magistratura ha tenido decisiones judiciales controversiales, como confirmar la cancelación judicial del partido en el poder, Movimiento Semilla, limitando severamente su operatividad política. Además, ordenó que sus diputados actuaran como independientes, lo que desmembró su bancada.

A principios de marzo, la Corte Suprema reeligió para un tercer período (2026-2031) a Dina Ochoa como magistrada del CC. El proceso fue criticado por observadores independientes como el Panel de Expertos Internacionales (PEI) por, por ejemplo, haber privilegiado el orden de llegada de las postulaciones sobre la idoneidad para el cargo, al designar a la primera candidatura con votos suficientes, independientemente de que aún les faltara aspirantes por evaluar.

Ochoa también es criticada por oponerse a la permanencia de CICIG en el país.

"No se dará un cambio o algo nuevo en las más altas estructuras del Poder Judicial, si las personas que ya ocupan otro cargo similar, o uno en la Fiscalía, son seleccionadas para la CC, por lo que se deberá evitar esta práctica, que impide una verdadera renovación", dijo el PEI, integrado por tres profesionales internacionales de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Claudia Paniagua, suplente de Ochoa y quien también fue reelecta en la CC, sufrió en 2024 el retiro de su visa estadounidense. En diciembre de ese año, también se le incluyó en la "Lista Engel", un informe anual del Departamento de Estado que señala a funcionarios y exfuncionarios centroamericanos implicados en corrupción significativa, obstrucción de la justicia o acciones antidemocráticas. En su calidad de magistrada, se le acusa de haber aceptado sobornos a cambio de resoluciones favorables.

Unos días más tarde, el Congreso escogió a Roberto Molina como magistrado de la CC. Desde 2006, Molina acumula dos períodos como magistrado titular de la CC y dos como suplente. El jurista enfrenta señalamientos por su ética y transparencia.

Miembros de su familia han sido citados como parte de presuntas prácticas irregulares vinculadas a su gestión. Su yerno recibió contratos estatales y fue destituido en 2012 tras ser procesado penalmente por intento de cobro de sobornos. Además, se le critica por sus vínculos con la familia del exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.

En una entrevista con Reuters, Molina defendió su imparcialidad durante sus 17 años como magistrado.

"Ese fruto que he cosechado de tener la imagen de una persona que tiene experiencia, que tiene carácter y que no se somete a las presiones de ningún tipo, molesta a algunos que quisieran tener magistrados que sí representen sus intereses sectarios", dijo vía telefónica.

El proceso de renovación de las autoridades judiciales también ha sufrido de interferencia y persecución.

A mediados de febrero, fiscales allanaron los centros de votación durante las elecciones de magistrados de la CC, lo que el presidente Arévalo y los observadores describieron como un intento de obstruir o influir en la votación, lo que agudizó los temores de manipulación política.