Más de 500 bufetes respaldan la demanda de Perkins Coie contra decreto punitivo de Trump

Por Mike Scarcella y Sara Merken

WASHINGTON, 4 abr (Reuters) - Más de 500 bufetes de abogados firmaron un escrito judicial en el que denuncian que Donald Trump tiene en el punto de mira a Perkins Coie y otras firmas, expresando su alarma por la intensificación de las medidas enérgicas del presidente republicano contra la profesión legal.

Los bufetes firmaron el escrito presentado el viernes ante la juez de distrito Beryl Howell, con sede en Washington, a riesgo de atraer la ira de Trump y su administración. Entre los 504 que firmaron están Arnold & Porter, Davis Wright Tremaine y Fenwick & West, aunque muchas de las firmas más grandes no se unieron.

"Aunque no tomamos este paso a la ligera, nuestro compromiso permanente de preservar la integridad del sistema legal estadounidense no nos deja otra opción que unirnos", indicó el escrito.

La presentación respaldó una demanda que Perkins Coie, una firma fundada en Seattle, presentó el 11 de marzo para bloquear el decreto de Trump emitido contra la firma por sus políticas de diversidad y su trabajo legal previo para la campaña de la demócrata Hillary Clinton, su oponente en las elecciones presidenciales de 2016.

"La amenaza que supone el decreto en cuestión en este caso y en otros similares no pasa desapercibida para nadie que ejerza la abogacía en este país hoy en día: cualquier representación controvertida que desafíe las acciones de la actual administración (o incluso las causas que desfavorece) ahora conlleva el riesgo de represalias devastadoras", señaló el escrito.

La Casa Blanca ha defendido las directivas de Trump como actos legales del poder presidencial.

Howell, que preside el caso Perkins Coie, bloqueó el mes pasado las disposiciones de la orden de Trump contra la firma, diciendo que socavaría "los fundamentos mismos de nuestro sistema legal" si se permitiera que se mantuvieran.

La juez concluyó que la directiva es probablemente ilegal, violando las protecciones constitucionales para la libertad de expresión y el debido proceso, y la calificó como un esfuerzo "extremo, peligroso y sin precedentes" para intimidar a bufetes y a abogados.

REUTERS CS