EEUU deporta a El Salvador a más presuntos pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13

WASHINGTON, 31 mar (Reuters) - La administración Trump deportó a más presuntos miembros de pandillas venezolanas y de la MS-13 durante el fin de semana, enviando a 17 personas más que dice que eran criminales extranjeros, informó el lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El grupo de presuntos criminales violentos vinculados al Tren de Aragua y la mara o pandilla MS-13 fue transportado por el ejército estadounidense el domingo por la noche, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado, agregando que el grupo incluía homicidas y violadores.

Más tarde, el presidente salvadoreño confirmó la operación, que definió como "un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", en un mensaje en la red social X.

"Anoche, en una operación militar conjunta con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Todos ellos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores", afirmó.

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidensse, Kristi Noem, visitó la semana pasada una prisión de El Salvador a la que han sido enviados muchos de los deportados y anunció que Washington seguiría enviando allí a delincuentes.

Rubio no dijo el lunes qué autoridad utilizó la administración del presidente Donald Trump para deportar al último lote de extranjeros.

El gobierno estadounidense pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada que permitiera el uso de una ley de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas.

Trump hizo campaña con un enfoque de línea dura hacia la inmigración y desde que asumió el cargo en enero se ha movido rápidamente para aumentar las deportaciones, incluyendo este mes la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII y que históricamente se ha usado sólo en tiempos de guerra.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) cuestionó su uso para deportar rápidamente a los presuntos miembros de las bandas, alegando que la ley niega a los inmigrantes el debido proceso prometido por la Constitución para impugnar los motivos de su expulsión. Los familiares de algunos de los deportados han negado que tengan vínculos con las bandas.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia había confirmado un bloqueo temporal de la aplicación de la ley de 1798 en medio de los procedimientos judiciales en curso.