Filial de CK Hutchison en Panamá solicitará arbitraje por adquisición de puertos de Maersk
CIUDAD DE PANAMÁ, 8 abr (Reuters) - La filial panameña del conglomerado CK Hutchison 0001.HK, con sede en Hong Kong, anunció que solicitará un arbitraje por la adquisición por parte de Maersk MAERSKb.CO de dos puertos estratégicos cerca del Canal de Panamá, que se encuentran en el centro de una batalla legal entre Pekín y Washington.
Panama Ports Company (PPC) —que ya está solicitando un laudo arbitral contra Panamá— afirmó en un comunicado que Maersk incumplió un contrato a largo plazo al alinearse con el Gobierno del país centroamericano para ayudar a expulsar a PPC de sus operaciones en el puerto de Balboa y sustituirla por un operador afiliado a Maersk.
"Contrariamente al contrato, Maersk socavó el acuerdo y se alineó con la República de Panamá en relación con su campaña estatal contra PPC y un plan para sustituirla mediante una adquisición que instaló nuevos operadores portuarios", dijo PPC en un comunicado.
Señaló que el arbitraje tendría lugar en Londres.
Maersk, uno de los mayores grupos navieros del mundo y un importante operador portuario, rechazó las acusaciones. "Maersk no cree que sea responsable de las reclamaciones y las abordará en el foro adecuado", afirmó la empresa danesa en un comunicado a Reuters.
El Gobierno panameño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
UNA SENTENCIA JUDICIAL INVALIDA LA CONCESIÓN DE PPC
Las acciones de CK Hutchison, que cotizan en la bolsa de Hong Kong, subieron un 3.54%, mientras que el índice Hang Seng .HSI ganó un 2.77%.
A finales de enero, la Corte Suprema de Panamá invalidó el marco jurídico que sustentaba la concesión de 1997 que otorgaba a PPC el derecho a operar las terminales de Balboa, en el Pacífico, y de Cristóbal, en el Atlántico, a ambos lados del Canal de Panamá.
A continuación, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales a filiales de Maersk y de la Mediterranean Shipping Company (MSC) para gestionar Balboa y Cristóbal, respectivamente. PPC había afirmado anteriormente que la cancelación de los contratos y la adjudicación de las licencias temporales eran ilegales.
PPC declaró a finales de marzo que había ampliado su demanda de arbitraje internacional contra Panamá y que su reclamación por daños y perjuicios había ascendido a más de 2,000 millones de dólares. Afirmó que su demanda contra Maersk es independiente y no prejuzga sus esfuerzos en curso "para hacer que Panamá rinda cuentas por su conducta contraria al contrato y contraria a los inversores".
La sentencia de la Corte Suprema se produjo tras una prolongada presión por parte de la Administración Trump, que afirmó querer "tomar el control" del Canal de Panamá. Su administración declaró que quería frenar lo que denomina la influencia china sobre esta vía navegable clave, por la que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.
Pekín ha acusado a Estados Unidos de "tácticas de intimidación" y ha pedido a los gobiernos extranjeros que garanticen un entorno comercial justo.
La disputa también complicó la venta prevista por CK Hutchison, por valor de 23,000 millones de dólares, de una participación mayoritaria en su negocio portuario global a un consorcio liderado por BlackRock y MSC.
