Congreso argentino tratará polémica ley de glaciares en busca de inversiones mineras

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 25 feb (Reuters) - El Congreso de Argentina comenzará el jueves a tratar cambios en una ley que protege los glaciares andinos para desbloquear millonarias inversiones de empresas mineras, modificaciones que los ambientalistas consideran que comprometen el acceso al agua.

El proyecto de ley, que será tratado primero por el Senado, fue impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei, que ya otorgó beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos a las mineras a través de un régimen especial de inversiones conocido como RIGI, que ha logrado atraer a gigantes como Glencore Plc GLEN.L, BHP BHP.AX y Lundin Mining LUN.TO.

La reforma incluye una serie de cambios que, según ambientalistas, diluirían las protecciones a los glaciares, aunque las mineras y otros actores consideran que brindarían precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por la transición energética.

Una de las principales modificaciones consiste en delegar en las provincias la definición de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.

"La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente", dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en un comunicado.

"Planteamos la necesidad de aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares", agregó y sostuvo que en regiones con minería, cerca del 93% del agua se destina a la agricultura y el 1% a la minería. El porcentaje restante lo usan otras industrias.

Si la reforma fuera apoyada por el Senado, pasará a Diputados para una nueva votación. El partido de Milei no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.

POLÉMICA

Las opiniones se hallan divididas. Mientras que algunos argumentan que las provincias son titulares de los recursos y deben definir cuáles proteger, grupos ambientalistas como Greenpeace consideran que "se corre el riesgo de que primen intereses económicos por sobre la preservación del agua".

La ley sancionada en 2010 que el Gobierno quiere modificar prohíbe la explotación minera y otras actividades industriales en glaciares y zonas periglaciales (glaciares de escombros y suelo congelado), estableciendo los presupuestos mínimos para su protección y buscando la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.

La norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que relevó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, con una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).

El instituto dijo en un comunicado que no había sido informado o consultado sobre los cambios a la ley.

"Hay una imposibilidad de aplicar la ley actual. La ley tiene ambigüedades. La modificación de la ley estipula que las provincias son las dueñas de los recursos y quienes deben definir esto", explicó el glaciólogo Silvio Pastore, director de Gabinete de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

San Juan, una provincia árida donde se encuentran los principales proyectos de cobre de Argentina, cuenta con el 10% de los glaciares del país, mientras que Mendoza, donde la minería está cobrando impulso pero su industria más arraigada es la vitivinícola, tiene el 20%. La mayoría de los glaciares está en la sureña Santa Cruz.

Para Eduardo Sosa, licenciado en Gestión Ambiental y exfuncionario de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, los cambios a la ley son innecesarios y representan una amenaza directa para las economías regionales de base agrícola y para la supervivencia de los ecosistemas de montaña.

"La ley vigente no presenta imprecisiones en cuanto a las actividades permitidas ni en la delimitación de las zonas protegidas", afirmó y dijo que durante 2025 se realizaron 34 marchas de protesta en defensa del agua en Mendoza.

"El argumento de las corporaciones mineras es falaz: si una empresa desea desarrollar un proyecto en un área donde podrían existir glaciares o ambientes periglaciales, basta con consultar el Inventario Nacional de Glaciares y realizar una campaña exploratoria", agregó.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuya actividad depende del cuidado del agua y el ambiente, dijo que estaba estudiando la información técnica disponible.

"Cualquier actividad productiva nueva, en este caso la minería, debe respetar estrictamente la normativa vigente y garantizar controles ambientales rigurosos", advirtió.