Corte Suprema interviene en disputas comerciales entre EEUU y Cuba, con miles de millones en juego

Por Jan Wolfe

22 feb (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a examinar cuestiones jurídicas derivadas de la tensa historia de las relaciones entre Washington y La Habana al analizar el alcance de una ley de 1996 que permite a los ciudadanos estadounidenses solicitar una indemnización por los bienes confiscados por el Gobierno comunista cubano.

Los magistrados escucharán el lunes los argumentos de dos casos centrados en la ley federal denominada Ley Helms-Burton, uno de ellos relacionado con la petrolera estadounidense ExxonMobil XOM.N y el otro con las líneas de cruceros Carnival CCL.N, Royal Caribbean RCL.N, Norwegian Cruise Line NCLH.N y MSC Cruises.

Una de las disposiciones de la ley, denominada Título III, permite interponer demandas en los tribunales estadounidenses contra entidades que "trafican" con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959.

Aunque los dos casos se centran en cuestiones jurídicas distintas, ambos plantean la cuestión de cuán poderoso pretendía el Congreso que fuera el Título III como recurso. En ambos casos, la Corte Suprema tiene la oportunidad de eliminar las barreras a las que se enfrentan los demandantes para interponer recursos en virtud de la Ley Helms-Burton.

Los jueces nunca antes han interpretado el Título III, que el presidente de Estados Unidos puede suspender si lo considera "necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos".

El Título III estuvo inactivo durante mucho tiempo debido a las decisiones presidenciales de suspenderlo. Pero el presidente Donald Trump, que ha adoptado una línea dura hacia Cuba, levantó esa suspensión durante su primer mandato, lo que desencadenó una oleada de unas 40 demandas presentadas en 2019 y 2020 que han ido avanzando lentamente por los tribunales.

La administración de Trump ha declarado a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, cortando el flujo de petróleo venezolano a la nación insular del Caribe y amenazando con imponer aranceles a cualquier país que le suministre combustible.

MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN RECLAMACIONES

Tras la revolución, el nuevo gobierno comunista de Cuba nacionalizó propiedades estadounidenses que ahora valen miles de millones de dólares, incluyendo fábricas, ingenios azucareros, refinerías de petróleo y centrales eléctricas.

La Ley Helms-Burton formalizó el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, que había estado en vigor por orden presidencial desde la administración del presidente John Kennedy en la década de 1960.

El Título III creó un recurso legal para los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas. Dichos demandantes pueden solicitar daños y perjuicios agravados en los tribunales federales a las entidades que utilizan a sabiendas las propiedades, incluidas tanto las entidades estatales cubanas como las empresas multinacionales.

Los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama suspendieron el Título III, con el fin de evitar conflictos diplomáticos con aliados como Canadá y España, cuyas empresas han invertido en Cuba, antes de que Trump levantara la suspensión en 2019.

El Departamento de Estado afirmó en ese momento que la medida de Trump "aumentaría la presión sobre el Gobierno cubano" y "penalizaría a quienes se benefician de las propiedades legítimas de los estadounidenses".

En uno de los casos de la Corte Suprema, Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización a CIMEX, una empresa estatal cubana, por los activos petroleros y gasísticos confiscados en 1960.

En el otro caso, una pequeña empresa que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución reclama una indemnización a las cuatro líneas de cruceros cuyos barcos han utilizado la terminal.

Exxon, que presentó su demanda en Washington en 2019, ha pedido a los jueces que revoquen la decisión de 2024 de un tribunal inferior que dictaminó que las empresas estatales cubanas que se enfrentan a demandas en virtud de la Ley Helms-Burton pueden alegar la inmunidad soberana extranjera como defensa. Esa doctrina jurídica protege generalmente a los gobiernos extranjeros y a sus agentes de ser demandados en los tribunales estadounidenses.

La decisión del tribunal inferior "impone otra barrera más en la larga lista de obstáculos para la recuperación de las víctimas de las confiscaciones ilegales del gobierno de Castro", afirmaron los abogados de Exxon en un escrito judicial de 2024.

CIMEX ha argumentado en sus escritos judiciales que la decisión de 2024 debe mantenerse porque "respeta y salvaguarda el criterio del Congreso en esta delicada materia".

Los expertos jurídicos afirmaron que la decisión de 2024 y otras sentencias que interpretan la ley Helms-Burton han hecho que a las empresas estadounidenses les resulte costoso y lento reclamar indemnizaciones a entidades cubanas.

"La cantidad de tiempo y recursos que se ha requerido es abrumadora para muchos demandantes", afirmó el abogado de Washington Jared Butcher, que representa a clientes en litigios comerciales.

DISPUTA SOBRE CRUCEROS

El otro caso que se debate el lunes no implica la inmunidad soberana, ya que las empresas de cruceros demandadas son empresas privadas, en lugar de entidades estatales. Lo que se discute en ese caso es si un demandante en virtud de la Ley Helms-Burton debe demostrar que tendría un interés patrimonial actual en los activos en cuestión si no hubieran sido nacionalizados.

Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución, demandó a las líneas de cruceros en un tribunal federal de Florida en 2019. Castro revocó el derecho legal de la empresa sobre los muelles poco después de llegar al poder.

Las cuatro empresas de cruceros utilizaron los muelles entre 2016 y 2019, después de que Obama suavizó las restricciones de viaje a Cuba. En una demanda conjunta, las empresas afirmaron que no tiene sentido que "deban pagar cientos de millones de dólares por seguir las indicaciones del poder ejecutivo de reabrir los viajes a Cuba".

Un juez federal consideró a las empresas de cruceros responsables de un total de 440 millones de dólares, alegando que habían traficado con propiedades confiscadas. Un tribunal de apelación desestimó esas sentencias el año pasado, poniendo de relieve las dificultades a las que se enfrentan los demandantes en virtud de la Ley Helms-Burton.

"A los demandantes les está costando mucho obtener una indemnización en virtud de la Ley Helms-Burton por diversas razones, y probablemente sea más difícil obtenerla de lo que el Congreso había previsto cuando aprobó la ley en 1996", afirmó Ingrid Brunk, profesora de la Facultad de Derecho de Vanderbilt. "Pero eso no significa que todos los demandantes deban ganar".