Asamblea Nacional de Venezuela aprueba controversial Ley de Amnistía

CARACAS, 19 feb (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó el jueves una Ley de Amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares, mientras algunos familiares completaron su quinto día de huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus seres queridos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en temas como reformas legales, ventas de petróleo y ha excarcelado a cientos de personas, que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos.

El gobierno siempre ha negado que haya presos políticos y dice que los encarcelados han cometido delitos.

El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, quien fue la que originalmente propuso la ley; dio el jueves el segundo debate requerido por las normas venezolanas para la aprobación definitiva.

Poco después, el jefe de la Asamblea y un grupo de diputados entregaron a la presidenta encargada la nueva ley en un acto en la casa de gobierno.

"Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta Ley de Amnistía", dijo la funcionaria tras firmar la ley.

Pidió a varias comisiones judiciales y a una nueva creada por la norma aprobada el jueves revisar "casos no contemplados en la ley de amnistía" y que "den las recomendaciones pertinentes para curar heridas", aunque no especificó a qué casos se refería.

La ley aprobada contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y "acciones violentas" ocurridas durante un breve golpe de Estado en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Quedan excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019.

El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque un borrador anterior sí establecía varios, como la instigación a actividades ilegales, la resistencia a las autoridades, la rebelión y la traición.

Tampoco devuelve los bienes de los detenidos, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela las sanciones contra medios de comunicación, como habría hecho al menos un borrador anterior.

Muchos miembros de la oposición y exfuncionarios disidentes residen en otros países para evadir órdenes de arresto que, según ellos, tienen motivaciones políticas.

Si bien la ley permite a las personas en el extranjero designar un abogado para presentar una solicitud de amnistía en su nombre, tendrían que comparecer personalmente en Venezuela para que se les conceda, y la ley solo cubrirá a personas que "hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito", una especificación que podría excluir a muchos que han continuado su activismo desde otros países. La ley elimina las órdenes de arresto internacionales para quienes reciben amnistía.

Según la ley, los tribunales deben decidir sobre las solicitudes de amnistía en un plazo de 15 días.

HUELGA DE HAMBRE

La ley no contempla amnistía para los condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico, corrupción ni para quienes promuevan, apoyen o cometan "acciones armadas" contra Venezuela y su pueblo por parte de estados o entidades extranjeras.

El gobierno acusa regularmente a miembros de la oposición de colaborar con entidades como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para perjudicar al país y atacar su infraestructura, acusaciones que la oposición siempre ha negado.

El fiscal general Tarek Saab, quien declaró a Reuters la semana pasada que espera que la amnistía resulte en "un país 100% pacificado", también insistió en que quienes están encarcelados cometieron delitos y no eran presos políticos, repitiendo afirmaciones que hizo en 2024 antes de que miles de personas fueran arrestadas por participar en protestas en medio de unas elecciones presidenciales controvertidas.

La ley "no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela", afirmó la diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo. La ley, agregó, "sin duda, mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos".

Funcionarios gubernamentales afirman que casi 900 personas han sido liberadas de prisión en más de un año, mientras que el grupo de derechos humanos Foro Penal ha contabilizado casi 450 liberaciones de personas que clasifican como presos políticos desde el 8 de enero.

Grupos de defensa, incluido Foro Penal, han criticado los límites de la ley, afirmando que debe contemplar la liberación completa de cargos, condenas, órdenes de arresto domiciliario y otras limitaciones legales para que cuente como una verdadera amnistía.

Entre quienes desde hace tiempo defienden las liberaciones y la amnistía se encuentra la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, varios de cuyos aliados cercanos han sido recientemente liberados de prisión o se les ha impuesto arresto domiciliario.

Cientos de estudiantes y familiares de presos se han reunido para exigir liberaciones en las últimas semanas, las manifestaciones de protesta pública más enérgicas en Venezuela desde poco después de las elecciones de 2024.

Diez familiares de detenidos han participado en una huelga de hambre frente a la comisaría de la Zona 7 en la capital, Caracas, en los últimos días, iniciada tras el vencimiento del plazo para las liberaciones prometida por el jefe parlamentario Rodríguez la semana pasada.

A última hora de la tarde del jueves, solo quedaba una huelguista. Narwin Gil, de 40 años, cuñada del detenido José Gregorio Farfán, lleva más de cinco días sin comer. Los huelguistas han permanecido en colchones en el suelo, cubiertos por una pequeña carpa.

Sandra Rosales, madre de cuatro hijos y esposa de un policía detenido, participó inicialmente en la huelga de hambre, hasta que un médico que atiende a las familias le recomendó que la suspendiera debido a su hipertensión. "Me he retirado (de la huelga) porque era responsable de mi salud, pero que me unía igualito a mantenerme en el campamento, a seguir haciéndole apoyo porque necesitamos mantenernos unidos", dijo Rosales, añadiendo que sólo le han permitido ver a su esposo una vez desde que lo arrestaron en noviembre, acusado de un presunto atentado con explosivos.

Agregó que es inocente y que un allanamiento ilegal a su domicilio en el estado central de Carabobo no encontró pruebas en su contra.

"Queremos es la libertad", añadió.