EXPLAINER-¿Qué es la aplicación de ciberseguridad Sanchar Saathi?

Por Arpan Chaturvedi y Munsif Vengattil

NUEVA DELHI, 2 dic (Reuters) - El mandato de la India (link), que obliga a los fabricantes de teléfonos inteligentes a preinstalar una aplicación estatal de ciberseguridad en todos los dispositivos nuevos, ha desatado una tormenta política y avivado el temor a que el Gobierno espíe en el país más poblado del mundo.

La aplicación, llamada Sanchar Saathi, o Socio de Comunicación, está en el centro de una tormenta en la que están implicadas Apple AAPL.O, Samsung 005930.KS, Xiaomi 1810.HK y otras grandes empresas tecnológicas. Se les ha dado un plazo de 90 días para cumplir la normativa.

¿QUÉ OFRECE LA APLICACIÓN?

Actualmente disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android, Sanchar Saathi se presenta como una herramienta de seguridad centrada en el ciudadano.

Permite a los usuarios bloquear y rastrear teléfonos móviles perdidos o robados utilizando la identidad internacional de equipo móvil del dispositivo (IMEI), que es un código único para el teléfono.

También permite a los usuarios comprobar cuántas conexiones móviles están registradas a su nombre, lo que ayuda a identificar y desconectar números fraudulentos utilizados en estafas.

Otras funciones incluyen herramientas para denunciar llamadas sospechosas de fraude y verificar la autenticidad de los dispositivos usados antes de comprarlos.

¿CUÁL ES EL NUEVO MANDATO?

El 28 de noviembre, el Ministerio de Telecomunicaciones de la India pidió en privado a todos los fabricantes de teléfonos inteligentes que precargaran sus nuevos dispositivos con la aplicación. Reuters fue la primera en informar de la medida el lunes.

También dice que los fabricantes deben asegurarse de que los usuarios no puedan desactivar o restringir las funciones de la aplicación.

En el caso de los dispositivos ya fabricados, las empresas deberán instalar la aplicación mediante actualizaciones de software.

Una fuente de la industria con conocimiento directo de la situación dijo que las actualizaciones de software acabarían extendiendo la aplicación a los usuarios de teléfonos existentes, lo que significa que podría llegar a más de 735 millones de personas.

El Gobierno ha declarado que la orden es esencial para combatir el "grave peligro" que supone para la ciberseguridad de las telecomunicaciones la manipulación del IMEI.

SANCHAR SAATHI EN CIFRAS, RECOPILACIÓN DE DATOS

El gobierno indio afirma que la aplicación se ha descargado más de 10 millones de veces y que el sistema ha ayudado a bloquear más de 4,2 millones de teléfonos robados o perdidos, además de dar de baja más de 30 millones de conexiones móviles fraudulentas.

El gobierno afirma que la aplicación "no capta automáticamente ningún dato personal específico del usuario sin indicarlo en la aplicación"

Su política de privacidad dice que se pedirá permiso a los usuarios para compartir el acceso a cámaras, fotos y archivos para iPhones - para usos selectos.

En el caso de Android, se pedirá a los usuarios que compartan registros de llamadas, envíen mensajes para registrarse, realicen y gestionen llamadas telefónicas "para detectar números de móvil en su teléfono", así como que concedan acceso a cámaras y fotos.

Apple está preocupada (link) por sus vulnerabilidades en materia de privacidad y seguridad, según ha informado Reuters. Según Counterpoint Research, más del 95% de los teléfonos inteligentes indios funcionan con Android, de Google, y el resto con iOS, de Apple.

LÓGICA GUBERNAMENTAL; RESPUESTA PÚBLICA Y POLÍTICA

El Gobierno indio afirma que los delincuentes suelen clonar o falsificar números IMEI válidos en dispositivos robados, lo que imposibilita el seguimiento de los delincuentes o el bloqueo del hardware.

India, que tiene un gran mercado de teléfonos usados, también quiere evitar que la gente compre dispositivos robados o incluidos en listas negras.

Desde entonces, el mandato se ha convertido en tema de conversación en la televisión local en horario de máxima audiencia y en las redes sociales, suscitando duras críticas de defensores de la privacidad y miembros de la oposición política.

El principal partido de la oposición, el Partido del Congreso, ha exigido que se anule el mandato, calificándolo de inconstitucional.

La Fundación para la Libertad en Internet, un grupo defensor de la libertad de expresión, declaró en X que "luchará contra esta dirección hasta que se anule"