En la guerra antidroga de Trump, los presos podrían ser un complejo problema legal, dicen expertos

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 20 oct (Reuters) - Cuando dos presuntos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque militar estadounidense la semana pasada en el Caribe, dejaron al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una encrucijada: enviarlos de vuelta a casa o encontrar una manera de mantenerlos detenidos.

Washington inició el mes pasado una campaña de ataques en el Caribe que el Gobierno de Trump ha descrito como "un conflicto armado no internacional" contra el narcoterrorismo.

Sin embargo, a los expertos legales no les sorprende que el Gobierno estadounidense haya optado por no usar el término "prisioneros de guerra" para describir a los dos supervivientes del ataque perpetrado el jueves por militares estadounidenses contra un buque semisumergible.

En lugar de retenerlos, Estados Unidos los envió de vuelta a sus países de origen, dijo el sábado Trump.

La medida, que fue reportada por primera vez por Reuters, sugiere que por ahora los funcionarios estadounidenses no quieren lidiar con problemas legales que rodean la detención militar de cualquier presunto narcotraficante capturado durante las operaciones en el Caribe, dijeron expertos legales.

"Creo que el Gobierno ha optado por la opción menos mala", dijo Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group. "Enviar a esta gente a casa es una forma de que el Gobierno (pase) página de este vergonzoso episodio", añadió.

El ataque del jueves fue diferente a cualquier otro que el Ejército de Estados Unidos haya emprendido desde que comenzó su despliegue en el sur del Caribe a principios de septiembre.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el objetivo del ataque era destruir el semisumergible. Este tipo de embarcaciones son utilizadas habitualmente por los narcotraficantes, ya que se desplazan bajo la superficie del agua y son difíciles de identificar visualmente desde la distancia.

Aunque dos personas murieron, otras dos sobrevivieron y fueron llevadas a un buque de guerra de la Marina estadounidense tras ser rescatadas en helicóptero.

Aun así, aunque Estados Unidos tenga pruebas suficientes de que las dos personas estaban implicadas en el tráfico de drogas, eso no supondría un caso claro para una detención militar de larga duración, lo que dificultaría una declaración de prisionero de guerra, aunque sólo fuera retóricamente.

"Dado que no existe un conflicto armado real, no hay autoridad en virtud del derecho de los conflictos armados para retenerlos, independientemente de cómo los llamemos", señaló Rachel VanLandingham, exabogada de la Fuerza Aérea que ahora trabaja en la Southwestern Law School.

Un abogado militar estadounidense actual dijo a Reuters que la base para la detención militar de largo plazo de los sobrevivientes habría sido difícil de argumentar en los tribunales.

A pesar de que el Gobierno de Trump ha dicho al Congreso que se trata de "un conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga, el funcionario comentó que eso tenía poco peso en el derecho internacional y nacional.

Aún así, el Gobierno de Trump ha desafiado el consenso de los expertos legales en el pasado, incluyendo la continuación de los ataques contra buques sospechosos de tráfico de drogas.

La decisión de la administración de devolver a los supervivientes se tomó en un día, dijo un funcionario estadounidense a Reuters, hablando bajo condición de anonimato, dejando que el secretario de Estado Marco Rubio y diplomáticos resolvieran la repatriación.

¿POCA AUTORIDAD PARA RETENERLOS?

Los expertos legales dicen que el Gobierno de Trump tenía otras opciones además de la repatriación.

Podría haber intentado argumentar que los supervivientes eran combatientes ilegales y retenerlos en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, o incluso intentar procesarlos en un tribunal estadounidense.

Pero mantenerlos en detención militar habría expuesto a Estados Unidos a una compleja serie de problemas jurídicos y políticos, según los expertos.

Los detenidos podrían haber hecho valer sus derechos en virtud del ordenamiento jurídico estadounidense, invocando el habeas corpus, y haber impugnado la legalidad de su detención ante un tribunal federal estadounidense.

Finucane, que trabajaba en la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado, dijo que acudir a los tribunales habría obligado al Gobierno a revelar pruebas que "probablemente habrían dado lugar a la divulgación (de) información que socavaría su relato sobre estos ataques".

Eso podría haber planteado cuestiones políticas en Washington, donde los legisladores demócratas han pedido más información sobre los ataques, en los que han muerto 32 personas.

"Los ataques a los barcos en el Caribe han sido ilegales. Si los supervivientes hubieran comparecido ante un tribunal o un tribunal militar, eso habría quedado claro al instante", dijo el congresista demócrata Jim Himes.

Hasta ahora, la administración ha facilitado poca información sobre los ataques en el Caribe, incluida la cantidad de droga que transportaban los barcos o cualquier detalle sobre las personas muertas. El ataque más reciente tuvo lugar el viernes y en él murieron tres personas, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado a Estados Unidos de atacar un barco pesquero en un ataque realizado en septiembre, que el domingo se convirtió en una guerra de palabras con Trump en las redes sociales.

Expertos legales han cuestionado por qué el Ejército estadounidense lleva a cabo los ataques, en lugar de la Guardia Costera, que es la principal agencia de aplicación de la ley marítima de Estados Unidos, y por qué no se hacen otros esfuerzos para detener los envíos antes de recurrir a los ataques mortales.