
5 sep (Reuters) - Un juez federal de San Francisco dictaminó el viernes que el Gobierno de Donald Trump violó la ley federal al tomar medidas para cancelar las protecciones temporales contra la deportación de más de un millón de venezolanos y haitianos que viven en Estados Unidos.
El juez de distrito Edward Chen dijo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para cancelar el programa de la era Biden, conocido como Estatus de Protección Temporal o TPS, y que la decisión de hacerlo estaba motivada por el racismo contra los venezolanos y los haitianos.
"No hay pruebas de que haya habido una decisión razonada" detrás de la conclusión de la secretaria Noem de que el programa debía cancelarse, escribió Chen.
Trump ha convertido la represión de la inmigración legal e ilegal en uno de los pilares de su segundo mandato en la Casa Blanca. La cancelación de las protecciones del TPS supondría un importante impulso a la campaña del Gobierno para deportar a millones de personas.
En marzo, Chen bloqueó temporalmente la cancelación del estatus TPS concedido a unos 600.000 venezolanos durante el Gobierno del predecesor demócrata de Trump, el presidente Joe Biden. Los beneficiarios haitianos del TPS se sumaron posteriormente al caso.
La sentencia de marzo fue confirmada por un tribunal de apelación la semana pasada, pero ha sido suspendida por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Es probable que la administración apele la decisión del viernes. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Estatus de Protección Temporal está disponible para las personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Proporciona a los migrantes elegibles una autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.
El programa se creó en 1991 y, bajo la administración Biden, se amplió para cubrir a unos 600.000 venezolanos y 521.000 haitianos. Noem revocó las prórrogas en febrero, alegando que ya no estaban justificadas.
Sin embargo, Chen coincidió el viernes con un grupo que representa a los beneficiarios del TPS en que Noem tomó esa decisión sin consultar primero con las agencias federales pertinentes ni realizar una revisión exhaustiva de las condiciones en los dos países.