Por Patricia Zengerle y Mike Stone
WASHINGTON, 1 abr (Reuters) - La administración del presidente estadounidense Donald Trump está planeando una orden ejecutiva que aliviaría las normas que rigen las exportaciones de equipos militares, y podría anunciarla tan pronto como el martes o el miércoles, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones.
Las fuentes, algunas en el gobierno y otras en la industria, dijeron que esperaban que la orden fuera similar a la legislación propuesta por el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, el año pasado cuando era miembro republicano de la Cámara de Representantes.
Los asesores de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Una orden ejecutiva podría aumentar las ventas para grandes contratistas de defensa estadounidenses como Lockheed Martin LMT.N, RTX Corp RTX.Ny Boeing Co BA.N.
Si se hubiera convertido en ley, el proyecto respaldado por Waltz en 2024 habría enmendado la Ley de Control de Exportación de Armas de Estados Unidos para aumentar las cantidades mínimas en dólares que desencadenan una revisión del Congreso de las exportaciones de armas a otros países. Pasarían de 14 millones de dólares a 23 millones para las transferencias de armas, y de 50 millones a 83 millones para la venta de material militar, mejoras, formación y otros servicios.
Los umbrales son más elevados para los miembros de la OTAN, así como para Australia, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, estrechos socios de Estados Unidos. Para esas transacciones, el Congreso debe ser notificado con 15 días de antelación a la transferencia, frente a los 30 días para la mayoría de los demás países.
Durante su primer mandato, Trump expresó a menudo su frustración con los miembros del Congreso que retrasaban las ventas de armas extranjeras por cuestiones de derechos humanos u otras preocupaciones.
En 2019, enfureció a muchos legisladores, incluidos algunos compañeros republicanos, al declarar una emergencia nacional debido a las tensiones con Irán. Eso le permitió barrer un precedente de larga data para la revisión del Congreso de las principales ventas de armas y completar la venta de armas por valor de más de 8 mil millones de dólares a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
En aquel momento, los miembros del Congreso llevaban meses bloqueando la venta de material militar a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, enfadados por el número de víctimas civiles de su campaña aérea en Yemen, así como por abusos contra los derechos humanos como el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en un consulado saudí en Turquía.