ACTUALIZA 1-Gobierno de Trump advierte a funcionarios que no resistan la represión de la migración

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Por Sarah N. Lynch y Andrew Goudsward

WASHINGTON, 22 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó a los fiscales de Estados Unidos que investiguen penalmente a los funcionarios estatales y locales que se resistan a los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración, profundizando una ofensiva que Trump lanzó el día en que asumió el cargo.

En un memorando al personal del Departamento de Justicia visto por Reuters, el vicefiscal general interino de Trump, Emil Bove, escribió: "La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o de otra manera no cumplir con las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración".

La política fue decretada cuando la nueva administración republicana se prepara para intensificar la vigilancia policial de la inmigración ilegal en las llamadas ciudades santuario como Nueva York y Chicago, que limitan la cooperación con los esfuerzos.

El nuevo memorando subraya cómo el Departamento de Justicia de Trump puede tratar de respaldar su agenda de inmigración ampliando las amenazas de cargos penales no solo a los inmigrantes o quienes los emplean, sino también a funcionarios municipales y estatales.

El decreto es el más reciente de Trump para frenar la inmigración ilegal, su principal prioridad.

Trump ha ordenado al ejército estadounidense que ayude a la seguridad fronteriza, ha emitido una amplia prohibición de asilo y ha tomado medidas para restringir la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense.

Un funcionario estadounidense dijo el miércoles que el ejército enviaría 1.000 soldados más en servicio activo a la frontera entre México y Estados Unidos.

El Gobierno ha rescindido las directrices de su predecesor demócrata, el presidente Joe Biden, que habían limitado las detenciones de inmigrantes cerca de lugares sensibles, como escuelas e iglesias, además Trump ha ampliado el poder de los funcionarios de inmigración para deportar a quienes no puedan demostrar que han estado en el país más de dos años.

Los funcionarios estatales y locales que se resistan u obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración podrían ser acusados en virtud de las leyes federales, según el memorando.

El fiscal general demócrata de California, Rob Bonta, lo tachó de "táctica para asustar" durante una entrevista el miércoles en la CNN.

"Somos muy conscientes de lo que la ley nos obliga a hacer y de lo que nos permite hacer", dijo. "Sabemos que no tenemos que participar en actividades de aplicación de la ley de inmigración".

De los 11 millones de inmigrantes que se calcula que se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal o con estatus temporal en 2022, alrededor del 44% vivía en estados con leyes "santuario" que limitan la cooperación. La cifra no incluye a aquellos en ciudades y condados santuario en lugares sin una ley estatal, como Nuevo México.

En México, las autoridades han comenzado a construir gigantescos refugios de tiendas de campaña en la ciudad de Ciudad Juárez para prepararse para una posible afluencia de mexicanos deportados.

(Reporte de Costas Pitas; Editado en español por Javier Leira)

((Mesa de Edición en Español; santiago.desk@thomsonreuters.com))