El Supremo de EEUU sopesa la legalidad de los aranceles en una prueba de fuego para el poder de Trump

Por Andrew Chung y John Kruzel

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto escuchar el miércoles los argumentos sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump, en un caso con implicaciones para la economía mundial que marca una importante prueba de los poderes del presidente republicano y la disposición de los jueces a dejarle ir más allá de los límites de su autoridad.

Los argumentos están programados para comenzar a las 10 a.m. EST (1500 GMT) después de que tribunales inferiores dictaminaron que el uso sin precedentes de Trump de una ley federal de 1977 destinada a emergencias nacionales para imponer los aranceles excedía su autoridad. El desafío implica tres demandas presentadas por empresas afectadas por los aranceles y 12 estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos liderados por demócratas.

Trump ha aumentado la presión sobre la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, para preservar los aranceles que ha utilizado como una herramienta clave de política económica y exterior. Los aranceles, impuestos sobre los bienes importados, podrían sumar billones de dólares para EEUU en la próxima década.

Si los jueces los rechazan, "estaríamos indefensos, lo que podría llevar incluso a la ruina de nuestra nación", escribió Trump en un mensaje en las redes sociales el domingo.

Para subrayar la importancia del caso para el Gobierno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene previsto asistir en persona a los alegatos del miércoles. Trump había hablado anteriormente de asistir, pero decidió no hacerlo.

Si la Corte Suprema falla en contra de Trump, se espera que estos aranceles se mantengan mientras el Gobierno cambia a otras autoridades legales, dijo Bessent a Reuters.

Aunque la Corte Suprema suele tardar meses en dictar sentencia tras escuchar los argumentos, el Gobierno de Trump le ha pedido que actúe con rapidez en este caso.

TRASPASAR LOS LÍMITES

Los jueces considerarán las acciones de Trump invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), para imponer los aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. La ley permite a un presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional, pero no menciona específicamente la palabra aranceles.

Trump es el primer presidente que utiliza la IEEPA de esta manera, una de las muchas formas en que ha empujado agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde que regresó al cargo en áreas tan variadas como su mano dura contra la inmigración, el despido de responsables de agencias federales y los despliegues militares nacionales.

La Constitución de EEUU otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer impuestos y aranceles. El Departamento de Justicia de Trump ha argumentado que la IEEPA permite los aranceles al autorizar al presidente a "regular" las importaciones para hacer frente a emergencias.

Los aranceles basados en la IEEPA han generado 89.000 millones de dólares en recaudaciones estimadas entre el 4 de febrero y el 23 de septiembre, cuando la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU publicó los datos más recientes. Trump ha impuesto algunos aranceles adicionales invocando otras leyes. Esas no están en cuestión en este caso.

La Corte Suprema ha respaldado a Trump en una serie de decisiones emitidas este año con carácter de urgencia. Estas decisiones han permitido que las políticas de Trump obstaculizadas por tribunales inferiores en medio de dudas sobre su legalidad sigan adelante de forma provisional, lo que ha llevado a los críticos a advertir de que los jueces se niegan a actuar como control del poder del presidente.

El caso de los aranceles marca la primera vez que la corte ha escuchado argumentos sobre los méritos legales de una de las políticas de Trump este año. En mayo escuchó argumentos en un caso relacionado con el esfuerzo de Trump para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero no se centró en la legalidad de su política, sino en la autoridad de los jueces federales para bloquear acciones en todo el país.