
A muchas figuras del mundo de las criptomonedas les preocupa que la propuesta de un impuesto al patrimonio del 5% impulse a las personas adineradas a reubicarse. Según la Ley de Impuestos para Multimillonarios de 2026, California planea gravar las fortunas superiores a los mil millones de dólares con una tasa del 5%, y los ingresos se destinarán a la atención médica y la asistencia social, según el sindicato SEIU United Healthcare Workers West.
Además, los multimillonarios que enfrentan un impuesto sobre ganancias no realizadas pueden tener que vender activos o partes de sus empresas para pagar, con la opción de pagar por adelantado o distribuir el pago en cinco años, acumulando intereses.
Si bien el resultado de la propuesta en las urnas es incierto, algunos multimillonarios no están dispuestos a arriesgar sus fortunas. de Bitwise, Hunter Horsley, y el cofundador de Kraken, Jesse Powell, entre otros líderes del sector cripto, incluso argumentaron que el impuesto simplemente incentivaría a los ricos a abandonar el mercado.
Horsley compartió en X: “Muchos de los que han hecho grande a este estado están discutiendo en silencio la posibilidad de irse o han decidido irse en los próximos 12 meses”.
Similarmente, Powell comentó : «Un robo del 5% de ganancias no realizadas y activos sobre los que ya se pagaron impuestos es de lo más estúpido que he oído. Les prometo que esto será la gota que colme el vaso. Los multimillonarios se llevarán consigo todos sus gastos, aficiones, filantropía y trabajos».
El capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya también afirmó que los riesgos fiscales están perjudicando el emprendimiento al presionar a los fundadores a pagar gravámenes sobre su patrimonio en papel, incluyendo aquellos cuyos activos son ilíquidos. Analizó situaciones en las que los fundadores podrían deber millones sin tener los medios para pagar, lo que podría frenar la innovación en sus primeras etapas en California.
Sin embargo, el SEIU UHW sostiene que los fondos podrían contrarrestar los recortes presupuestarios federales, recaudando potencialmente 100 mil millones de dólares de unos 200 multimillonarios. Suzanne Jiménez, jefa de personal del SEIU UHW, afirmó que la organización busca cubrir el déficit de financiación de la atención médica y describió a los multimillonarios del estado como susdent"más afortunados".
Ro Khanna, demócrata del Distrito 17 de California, también es un defensor clave de la propuesta. A través de una serie de publicaciones en X, afirmó que el impuesto al patrimonio financiará una mejor educación, vivienda y cuidado infantil, lo que en última instancia beneficiará la innovación en Estados Unidos .
El cofundador de Castle Island Ventures, Nic Carter, y el director de inversiones de ProCap BTC, Jeff Park, también creen que el impuesto podría impulsar a los multimillonarios a trasladar su capital fuera de California. Carter comentó que, si bien en general le gustaba Ro y tenía experiencias positivas con su personal, se preguntaba si habían analizado cómo los impuestos sobre el patrimonio afectan la movilidad del capital.
Agregó que la movilidad del capital nunca ha sido mayor, por lo que un impuesto único a la riqueza envía un mensaje a los mercados de capital de que más adelante podrían adoptarse medidas más agresivas.
Fredrik Haga, cofundador y director ejecutivo de la firma de análisis en cadena Dune, también explicó que cuando Noruega introdujo un impuesto comparable, provocó un éxodo de personas adineradas y no logró recaudar los fondos esperados. Sostuvo que la experiencia de Noruega demuestra cómo las ideas socialistas agresivas pueden hacer que la sociedad sea más igualitaria, pero perjudicar económicamente.
Austin Campbell, de la Universidad de Nueva York y Zero Knowledge Consulting, junto con Hunter Horsley, fundador de Bitwise, también citaron una auditoría realizada en diciembre por el Auditor Estatal de California que planteó inquietudes sobre el uso cuestionable de fondos públicos. Horsley afirmó que Ro no priorizaba la solución de los problemas fundamentales, sino que dedicaba tiempo a impulsar una política que él mismo calificó de confiscación de activos para recaudar más fondos para el estado, lo que reflejaba lo que consideraba un fracaso generalizado del servicio público.
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