Por Jody Godoy y Ross Kerber
22 may (Reuters) - Las autoridades federales antimonopolio de EE.UU. expresaron su apoyo el jueves a los argumentos esgrimidos por los estados republicanos que acusan a los gestores de activos BlackRock BLK.N, Vanguard y State Street STT.N de conspirar a través del activismo climático para disminuir la producción de carbón.
El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Comisión Federal de Comercio presentaron una declaración de interés en el caso en el que Texas (link) y otros 12 estados afirman que las empresas utilizaron sus importantes participaciones (link) en empresas carboneras estadounidenses para desalentar la competencia.
Las agencias instaron al juez que supervisa el caso en Tyler, Texas, a rechazar varios de los argumentos de los gestores de activos en su intento de desestimar el caso, incluyendo que la supuesta conducta cae bajo una exención para los inversores pasivos.
"Este caso trata precisamente del tipo de conducta, incluidos los esfuerzos concertados para reducir la producción, que han sido condenados durante mucho tiempo en virtud de las leyes antimonopolio", dijeron las agencias en su escrito judicial.
BlackRock dijo que obligar a los gestores de activos a desinvertir en las empresas de carbón perjudicaría el acceso de las empresas al capital y probablemente aumentaría los precios de la energía.
State Street dijo que actúa en interés de los inversores a largo plazo y que la demanda carece de fundamento.
Vanguard reiteró su comentario anterior de que defendería su historial de salvaguardar los rendimientos para los inversores.
Reuters informó por primera vez el jueves de que se esperaba que las agencias apoyaran los argumentos de los estados. Este hecho supone un revés político para las principales gestoras de activos. Con unos 27 billones de dólares entre ellas, BlackRock, Vanguard y State Street han sido objeto de las críticas de los republicanos conservadores, muchos de ellos procedentes de estados productores de energía, que afirman que las empresas anteponen erróneamente las preocupaciones medioambientales y sociales a la maximización de la rentabilidad para sus clientes.
BlackRock, por ejemplo, se enfrenta a restricciones y a la prohibición total de gestionar activos públicos en estados como Texas e Indiana debido a sus políticas ASG. Hubo señales de descongelación de las relaciones en febrero, cuando la empresa lideró un consorcio para comprar puertos cerca del estratégico Canal de Panamá, un acuerdo aclamado por el presidente estadounidense Donald Trump (link).
Los gestores de activos han calificado el caso de "a medias" (link) y dicen que no hay pruebas de que presionaran para reducir la producción. El juez de distrito Jeremy Kernodle tiene previsto escuchar los argumentos sobre la oferta de los gestores de activos para desestimar el caso en junio.