Corea del Sur aplaza el impuesto a las criptomonedas hasta 2029 en su cuarto retraso

Corea del Sur quiere retrasar dos años, hasta 2029, la aplicación del impuesto sobre las ganancias de criptomonedas. 

El ministro de Finanzas, Lee Hyoung-il, anunció la decisión y reconoció que los constantes retrasos perjudican la credibilidad del gobierno. 

¿Invertirán las autoridades surcoreanas su decisión sobre los impuestos a los activos digitales?

Durante una rueda de prensa en el Complejo Gubernamental de Seúl, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Lee Hyoung-il, declaró que su ministerio trabajaría con la Asamblea Nacional para diferir el impuesto propuesto sobre los beneficios de las criptomonedas. 

El anuncio se produjo un día después de que el presidente del Partido Democrático de Corea, Kim Min-seok, solicitara formalmente otro aplazamiento. Según se informa, el gobierno accedió al retraso en menos de 24 horas.

Mientras tanto, durante su audiencia de confirmación en septiembre, Lee afirmó que era “deseable implementar la tributación desde 2027, según lo previsto.” 

El gobierno se mantuvo firme en esa postura hasta mediados de octubre. Luego, a finales del mes, el primer viceministro de Finanzas, Kwon Dae-young, se reunió los cinco mayores exchanges del país el 20 de octubre para verificar si estaban listos para el impuesto y escuchar sus preocupaciones. El partido gobernante celebró su propia sesión con representantes de los intercambios el 30 de octubre.

Los críticos afirman que los retrasos repetidos debilitan la idea de que los ingresos deben ser gravados y dañan la confianza en los plazos gubernamentales, un problema que Lee reconoció directamente.

¿Cómo funcionará el impuesto 2029? 

Según la ley actual, las ganancias por la venta o el préstamo de activos digitales se clasifican como ingresos misceláneos. Las ganancias superiores a una exención anual de 2,5 millones de wones (aproximadamente $1,869) estarían sujetas a un recargo local sobre la renta y una tasa nacional del 20%, lo que suma un 22%.

La ley impositiva fue redactada en 2020 y presentada como proyecto de ley en diciembre del mismo año, pero nunca ha entrado en vigor. La fecha original de inicio en 2022 se pospuso a 2023, luego a 2025 y después a 2027. 

El gobierno indica que es aplazar el impuesto hasta 2029 porque Corea del Sur comenzará a compartir información sobre criptoactivos con Estados Unidos ese año bajo el Marco de Declaración de Criptoactivos de la OCDE. 

Lee también mencionó la próxima Ley Básica de Activos Digitales. Se espera que modificar las definiciones de activos digitales y las normas para las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas. 

Durante los dos años adicionales, el gobierno planea permitir a los inversores llevar sus pérdidas hacia adelante durante tres años. Las normas actuales no lo permiten, y muchas personas han criticado esta situación. Mientras tanto, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón no tienen este problema. 

Un grupo de miembros del sector gubernamental y privado elaborará los detalles y presentará propuestas de reforma en la primera mitad de 2027. También presentarán cambios legislativos ese mismo año.

El Partido del Poder Popular, de la oposición, calificó el aplazamiento de político. El portavoz del partido, Mun Jong-hyeong, acusó al gobierno de buscar el apoyo de los inversores más jóvenes en criptomonedas de cara a las elecciones generales previstas para abril de 2028. Con la fecha de inicio de 2027, las primeras declaraciones habrían debido presentarse en mayo de 2028, semanas después de esa votación.

Los grupos del sector, por otro lado, acogen con beneplácito el retraso. Señalaron que es difícil demostrar cuánto pagaron los inversores por los activos transferidos a través de intercambios extranjeros o billeteras privadas. 

Muchos inversores comparten esta opinión. Una encuesta realizada por Tiger Research junto con Chainalysis reveló que el 73,7 % de los 2.423 poseedores de criptomonedas en Corea del Sur se oponen al impuesto bajo las normas actuales. Sin embargo, el 51,5 % de estos opositores indicó que lo aceptaría si se subsanaran las lagunas legales. 

Se presentaron dos peticiones ante el Parlamento: una para eliminar el impuesto y otra para aplazarlo dos años; cada una reunió más de 50.000 firmas.

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